Vuelven los medios a informar sobre un caso de padres que dejan a sus hijos solos en casa y se les detiene por negligencia tras declarar el desamparo de sus hijos. NO es nuevo, muchos padres dejan solos a su hijo, durante horas, aunque los medios no lo divulguen.

Así, sin matizaciones ni mayor información del caso concreto, analicemos la siguiente cuestión:

¿Cuál es la edad a la que podemos dejar a nuestros hijos solos?

¿Existe una edad legal para ello?

Sí, existe una edad legal para dejar solo a un hijo en casa sin supervisión de un adulto.

¿Dice el legislador qué edad es esa?

Sí, lo dice, pero no escribe una cifra. Dice que la edad legal para dejar a un niño en casa es la que se estime que por su madurez y juicio suficiente no suponga ponerle en una situación de riesgo o, en casos más extremos, en una situación de desamparo.

¿Quién debe fijar esa edad para actuar en cada caso?

LOS PADRES, o si estos no tuvieran la patria potestad, los adultos sobre los que recaiga la tutela o guarda.

¿Se puede dejar a un niño de 12 años solo en su domicilio durante unas horas? ¿Por qué no?

Si como madre/padre tengo un compromiso ineludible o no tan relevante, pero deseo ausentarme de mi casa dejando a mi hijo de 12 años (o de menor o mayor edad) en ella, ¿por qué no lo puedo hacer?

Pues como adulto responsable debes pensar si al dejarle solo, aunque sea una hora o media, le estás poniendo en riesgo. Así de sencillo.

Es educativo y necesario que el hijo comience a gestionar tiempos en soledad. No es correcto que el niño/a viva solo durante muchas horas al día porque no hay un adulto que pueda acompañar. Son distintas situaciones y matizaciones sutiles a tener en cuenta a la hora de valorar la gravedad del riesgo.

Y de eso se encargan los trabajadores sociales. Debemos tener el conocimiento y juicio suficiente y experto en poder exponer todos aquellos elementos que nos hagan valorar un caso.

¿A qué riesgos nos referimos?

No solo a que tenga un caldero de agua hirviendo al lado, que eso es obvio, sino a conocer a nuestro hijo y saber que es capaz de controlar situaciones de pequeña complejidad o a improvisar actos sobrevenidos.

¿Le hemos enseñado a atender un teléfono y a saber qué decir? ¿Le hemos explicado qué hacer si se va la luz de la vivienda o a quién recurrir si no sabe resolver lo que le suponga una dificultad?

Pero no solo en la gestión de los acontecimientos, también hemos de conocer cómo está y cómo le afecta emocionalmente. ¿Mi ausencia le ocasiona un pavor evidente? ¿Muestra alteración por conocer que voy a faltar?

Nos tenemos que basar en la eliminación de riesgos y en valorar y conocer la capacidad y madurez del menor.

Hasta ahí es escuela de padres. Pero, en el supuesto de que como padres pensemos que tenemos argumento suficiente para dejarle solo, ¿qué pasa si el resto considera que no?

Pues nos tenemos que remitir a poder argumentar nuestra consideración y valoración del hecho, como decisión parental.

¿Quién puede contradecir nuestra valoración como padres?

El sistema de protección de menores. Y este sistema alcanza desde una comunicación de un ciudadano o un acto administrativo de valoración social emitido por servicios sociales u otro servicio dirigido al sistema de protección de menores de una Comunidad Autónoma o en situación de mayor alcance, al sistema judicial, bien porque exista denuncia al respecto o por iniciativa de la Fiscalía del Menor.

En caso de comunicación administrativa, los operantes deben determinar el caso concreto: las circunstancias, el escenario, la trayectoria, la frecuencia del hecho, escuchar a menores y adultos y determinar, eso sí, con profesionalidad y rigurosidad, si se ha expuesto al menor a un riesgo o está en desamparo, porque cada situación que dictaminemos los profesionales tendrá una consecuencia.

No es lo mismo que tu hijo siga en tu casa, bajo tu protección y cuidados, pero sabiendo que lo hecho ha sido erróneo y, por lo tanto, estás dispuesto a recibir ayuda: escuela de padres, orientación psicológica, acompañamiento familiar… lo que sea preciso. O, por el contrario, que se determine una negligencia grave que desvele un inapropiado cuidado y se declare una situación de desamparo y que como consecuencia sea retirada la patria potestad a los progenitores, en cuyo caso podría finalizar con el ingreso de tu hijo en una residencia de protección.

Y no soy alarmista, las situaciones de desprotección de los menores cursan con la retirada (suspensión cautelar) de la Patria Potestad y la guarda puede recaer en un familiar, en una familia ajena o en una residencia de protección, y así viene recogido en Código Civil art., 172. y la Ley de Protección Jurídica del Menor y sus modificaciones.

¿Es esto un abandono de menores? (Al hablar de menores también debemos hacer referencia a personas con discapacidad que dependan de otro).

El abandono de menores viene tipificado como delito y por lo tanto es el derecho penal quien tipifica el hecho. Art. 229 del Códico Penal. En este supuesto, se debe dar la condición de que el responsable del menor actúe con intención de provocar un daño por omisión y dolo, es decir, siendo el tutor o guardador consciente de que su ausencia puede provocar un desamparo, y así lo hace. Se trata de una ausencia prolongada que tiene consecuencias graves. Y este acto afecta al sistema judicial, no es un término social.

Destacar que en este último apunte se encuadran aquellos que, obligados a la manutención de menores, incumplen y dejan de pagar pensión de alimentos, propiciando una desatención en el sustento de sus descendientes para los que tiene dicha obligación.

Sirva esta simple reseña de este tema para generar conciencia colectiva sobre la protección bien comprendida y entendida y, por lo tanto, en aras de la mejor actuación, atención y beneficio de nuestros menores. Seamos responsables, rigurosos y flexibles para tratar estos asuntos.

Seamos padres o/y profesionales de la materia que actúen con sentido común, principalmente.

Madrid abril de 2023

Rocío Puebla Prada

Trabajadora social nº Coleg 4401

Experta en Protección de Menores y socia de ATSEL.

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Inicié mi diplomatura de Trabajo Social en el año 2000, pero por cuestiones de la vida tuve que tomar la dura decisión de colgar la carrera, aunque me mantuve ligada al Trabajo Social colaborando en proyectos, estudiando y manteniéndome cerca.

En 2017 retomé mis estudios, esta vez bajo el plan de estudios de grado. En mi mente, ya desde mis inicios en la diplomatura, planeó la idea de ejercer en Trabajo Social de forma autónoma y con los años esa perspectiva se fue afianzando. En diciembre de 2019, finalicé mis estudios y volví a mi casa con un diploma debajo del brazo y un proyecto en la cabeza.

Durante los siguientes meses mis días transcurrieron delante del ordenador, investigando, llenando carpetas con información, cotejando y conociendo recursos.

Google no tardó mucho en mostrarme a ATSEL, y cuando cliqué sobre la tecla Intro se me abrió una ventana, y no me refiero únicamente a la que acababa de abrirse en mi pantalla. Navegué durante horas por su web y a través de su directorio pude ver la cantidad de proyectos super interesantes de Trabajo Social en ejercicio libre que lideran compañeras y compañeros de toda España.

Como soy una romántica, os contaré que aún me emociono cuando recuerdo el momento en el que Loli me metió en el grupo de WhatsApp de ATSEL. Cómo fue cuando por fin pude saludar a todas esas compañeras y compañeros trabajadores sociales. Y lo fue, principalmente, porque los meses previos habían sido meses de mucha soledad.

La experiencia cambió por completo en el momento en el que empecé a formar parte de ATSEL y ATSEL a formar parte de mí. Pude contactar con compañeras y compañeros que me ayudaron a desarrollar mi proyecto con perspectiva, teniendo en cuenta aspectos que yo sola jamás hubiese tenido en cuenta. Me sentí acompañada y animada, y también me proporcionaron duchas de realidad, tan necesarias como las arengas.

En enero de 2022 creo mi página web y empiezo a trabajar en Orígenes TSC, con un enfoque orientado a la asesoría social, la gestión de trámites y la intervención clínica. En julio de ese mismo año conocí a Janet, que acababa de entrar a formar parte de ATSEL, y en septiembre empezamos a darle forma a una nueva idea que hoy en día es ya una realidad: Social Norte.

Soy Janet Martínez Díaz.  El Trabajo Social es mi vocación y profesión desde hace más de 20 años.

Mi trayectoria laboral ha estado vinculada a los servicios públicos, donde he pasado por diferentes departamentos, llevando a cabo tanto intervención técnica como formación y participación en proyectos de investigación en protección de menores hasta diciembre de 2021.

En abril del 2022 conocí a ATSEL. Por aquel entonces, el ejercicio libre de la profesión era para mí un mundo totalmente desconocido. Empiezo en ese momento a valorar los diferentes proyectos e iniciativas de los que forman parte mis compañeros de la asociación y me doy cuenta de que el ejercicio libre puede ser una realidad tangible también para mí. La posibilidad de poder ofrecer a mis clientes un servicio dónde mis destrezas y toda la experiencia acumulada no se vean encasilladas en actuaciones rígidas y protocolarias, me anima a crear un proyecto basado en la atención personalizada y de calidad.

De este modo, conocer ATSEL supone un punto de inflexión que me impulsa a tomar la decisión de no retornar a la Administración Pública e iniciarme en el ejercicio libre.

Después de meses de trabajo, hoy en día dispongo junto con mi compañera Marta de un proyecto que va a avanzando y creciendo al igual que crecen nuestras expectativas de trabajo. Tenemos que agradecer a ATSEL que nos haya brindado la posibilidad de formar parte de su proyecto y de habernos acompañado en el nuestro.

Desde nuestro despacho, en el Parque Tecnólógico de Asturias (CEEI), animamos a todas y todos aquellos compañeros trabajadoras y trabajadores sociales que se sientan atraídos por la posibilidad del ejercicio libre, a que se acerquen a ATSEL y planteen sus inquietudes, sus propuestas y sus metas; porque lo que hoy puede sonar como un eco lejano, algún día podría convertirse en realidad.

Para nosotras así ha sido, esta es nuestra realidad, nuestro proyecto empresarial.

Con cariño desde el norte…  Social Norte

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Lo relatado en los medios de comunicación o las opiniones banales divulgadas sin rigor dañan a los menores y a las familias que, por un motivo u otro, han tenido que recurrir al sistema de protección. Desvirtúan el principal objetivo profesional, el procurar el mayor beneficio de nuestros menores y genera una alarma social infundada que provoca desconfianza.

Rocío puebla

Hace semanas nos inundaba la prensa con críticas sobre la inadecuada actuación de la administración pública hacia los menores protegidos.

El hecho detonante fue la detención y acusación de varias personas inculpadas por delito de trata de personas y abuso sexual hacia menores, siendo varias de estas víctimas adolescentes protegidas por la Comunidad de Madrid.

Al asumir la administración la tutela de un menor, esta ejerce la tutoría y adquiere los derechos y deberes al respecto, como anteriormente lo ostentaban los padres.

Las víctimas eran menores que se encontraban fugadas de hogares o residencias de protección, publicando los medios que sus responsables no velaron por su protección, que las residencias no ejercen los cuidados suficientes que se les asigna, que los profesionales actúan sin rigor y que la política de protección no funciona.

Hasta aquí el relato de la realidad, un hecho delictivo cuyos autores serán juzgados, unas niñas que han pasado una situación de desamparo antes de que la administración asumiera su tutela, una vida de abuso mientras se las protege (e incluso con anterioridad en algunas), y una sociedad que se hace eco de que algo falla en nuestro sistema de protección de menores.

Desde este espacio y como venimos haciendo los profesionales que nos encontramos con semejantes situaciones, denunciamos y rechazamos todo tipo de violencia, desprotección y abuso a cualquier persona, y con mayor motivo a colectivos vulnerables como son los niños y niñas.

Si alguien incurre en una inadecuada atención de sus obligaciones, sean padres o administración, debe actuar la justicia como corresponde.

Estas niñas llegaron al sistema de protección porque sus tutores legales, adultos responsables y progenitores que debían darles todo el amor, cariño y protección del mundo, como dicta el corazón, la responsabilidad y la obligación, no lo hicieron. Y hay demasiado daño y herida en cada menor al que se desampara, al que se hace daño, al que se ignora, y las secuelas que perduran en cada uno de ellos son únicas y se requiere mucho trabajo para sanar.

Como trabajadora social, con experiencia en intervención en protección de menores desde hace más de 20 años, deseo difundir un escueto análisis sobre la protección y atención a los menores en la Comunidad de Madrid.

Cada año aumenta no ya el número de menores en desamparo, sino el tipo de desprotección, que agrava y dificulta el proceso de recuperación y retorno a sus familias. Hablamos de violencia ascendente, violencia de género, abusos sexuales, acoso, patología mental, conductas inadecuadas, adicciones a tóxicos, adiciones tecnológicas, … añadidas a las que tradicionalmente ya atendíamos, como maltrato, negligencias en el cuidado o desatención de cuidados básicos tanto físico como emocionales, todas ellas como bien indica nuestro código civil, las que se producen por “incumplimiento, imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, privándoles de la necesaria asistencial moral o material”.

Los profesionales, desde los servicios de atención primaria hasta los más especializados, no alcanzan a realizar la desmesurada tarea asignada, entrevistas, visitas a domicilio, realización de informes, coordinaciones, reuniones, valoraciones, … y la imperiosa tarea administrativa y burocrática. Añadiendo a esto la pandemia que nos ha asolado, donde todo el sistema se ha visto deteriorado, no solo el social, también el sanitario, educativo, laboral, judicial, sistemas que van de la mano con la protección… y el empeoramiento de las situaciones familiares que adolecían de relaciones precarias y débiles, que se han visto agravadas por el aislamiento.

La escasa especialización de trabajadores sociales en el ámbito de la desprotección y el continuo cambio y movilidad, acarrea largos periodos de aprendizaje y una atención deficitaria al usuario.

Las relaciones profesionales telemáticas que ha impuesto la pandemia, atender a distancia, pierden efectividad y se obvia la valiosa información que los trabajadores sociales obtenemos de la entrevista, de la observación directa e interacción con las personas.

Pero, dicho todo esto, quiero dejar algo muy claro: los trabajadores sociales (me refiero en exclusivamente a ellos, pues hablo como miembro de ATSEL) que intervenimos en la protección de menores, somos especialistas altamente cualificados, nos preocupamos de “nuestros” niños y niñas procurando su mejor atención y realizamos nuestra tarea escrupulosamente y con desmesurada dedicación.

Somos muy conscientes de lo que han podido padecer nuestros menores hasta que se toma una medida de protección. Vemos diariamente a menores dañados, con carencias que les resta infancia, con dramas a veces inimaginables para los que no presencian esta realidad. Y esta desolación no solo se ve en los niños, también en sus familias.

Como profesional en contacto directo en la intervención, me es muy importante y prioritario atender adecuadamente al menor protegido, pero lo es, en la misma medida, atender adecuadamente a sus padres.

Las familias deben estar protegidas y debemos trabajar por ello. Si la prensa y la sociedad se moviliza por mejorar la protección, debe hacerlo procurando mayores beneficios para ellos, no defenestrando a los agentes que también deseamos combatir el desamparo y la desprotección, no atacando a la empresa privada por ser gestora de proyectos, no intentando desmerecer el trabajo bien hecho y las políticas orientadas a ello, como por desgracia hemos podido leer y escuchar en los medios.

 Han sido varios los colectivos que han realizado comunicados y manifiestos denunciando la atención deficitaria de la administración hacia los menores y familias en el sistema de protección, y se ha aprovechado para hacer denuncia y crítica hacia el protocolo, recursos y sistema administrativo e incluso han señalado a los trabajadores sociales como los responsables de realizar “meros” informes que tienen como consecuencia la retirada de menores a sus familias.

Es tarea de la sociedad denunciar y defender los derechos y procurar la mejora del sistema de protección, pero debe realizarse con conocimiento y causa, de nada sirve una explosión de ira o un anuncio sensacionalista que circule alarmista y se entierre con la siguiente noticia de actualidad.

En contra de lo que los medios de comunicación y muchas familias han dicho y dado a entender de que “con un informe de un trabajador social que lo diga, te quitan a tu hijo”, no es cierto, ni debemos dejar que esas ideas de arbitrio transfieran a la sociedad. Nos corresponde difundir y empoderar la tarea profesional del trabajador social.

Recordaros a todos que los trabajadores sociales somos los únicos profesionales que realizamos informes sociales, que es una herramienta propia de nuestra profesión y que nuestras valoraciones no son opiniones, que hay un trabajo científico previo que avala nuestros dictámenes y sí, a veces no son del agrado de todos, pero no por ello los eludimos, somos responsables y profesionales y actuamos en consecuencia, porque no olvidamos nuestros valores y principios rectores.

Cuando un trabajador social valora una medida de protección no lo hace en solitario y cuando la administración declara un desamparo no lo hace sin argumentación y aval y sí con riguroso proceder legal.

Cuando se detecta o sospecha una situación de riesgo en un menor, se inician los mecanismos para la obtención de información que aporte luz al caso. El trabajador social recaba informes y testimonios de los distintos servicios y del entorno del menor. Y realiza su discurso de valoración, realizando un diagnóstico, que dista desde el descarte de la sospecha, hasta la valoración de un riesgo leve, moderado o grave o la determinación de un desamparo acorde a la legislación reguladora del procedimiento de constitución y ejercicio de la tutela dispuesto en el art. 172 del código civil, el decreto 71/1992 y demás normativa concordante.

Todo lo anterior se articula jerárquicamente en las distintas instituciones de cada Comunidad autónoma y a distintos niveles de atención social, pudiendo ser el primer escalón la información aportada por la familia, el colegio, sanitarios o cualquier ciudadano, en aras de su obligación (y aquí reitero la obligación de todos en denunciar la sospecha o conocimiento de una situación de desamparo o riesgo en un menor como dicta la ley), pudiendo ascender progresivamente a los servicios sociales de zona, área de protección de la consejería, Fiscalía del Menor y, en caso de ser necesario, juzgados de familia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cuando en residencias surgen fugas, no olvidemos que los adolescentes y jóvenes que viven con sus padres también se fugan y nadie persigue a los progenitores como presuntos autores de un delito.

Porque la sociedad es consciente del proceso evolutivo de los adolescentes, del desajuste emocional por el que atraviesan, porque la búsqueda y la lucha por encontrarse a uno mismo pasa por situaciones confusas y en ocasiones extremas en muchas personas, pero la clave es estar acompañado.

El aprendizaje de la vida es tener referencias, experiencias, avanzar en el descubrimiento de uno mismo y de los que te rodean. Si el marco en el que exploramos es sano, favorecedor, educativo y estimulante, este aprendizaje nos lleva a mejorar y al crecimiento personal.

Los adolescentes que han sido abandonados o desatendidos o no han gozado de un entorno favorable, sano y de estimulación para su crecimiento, muestran dificultades para forjar su persona, están en una búsqueda constante de estímulos externos nocivos y tóxicos, que les aleja cada vez más de la realidad. Crece su vulnerabilidad.

Si en estas circunstancias te acechan depredadores, delincuentes sin escrúpulos, abusadores, es evidente que son “presas” más accesibles.

Estos menores son víctimas y hay que defenderles. El delito para los responsables, tutores de los menores, tanto cuando se les protege en residencias como en domicilios particulares, se estima, cuando esa fuga no se denuncia, cuando esa fuga no preocupa, o cuando no se pone a disposición los recursos y dispositivos pertinentes a su búsqueda, atención y tratamiento.

Somos muchos los que hacemos que los menores tengan una seguridad y garantía para ejercitar sus derechos y así seguiremos haciendo y divulgando, y es responsabilidad de toda la sociedad que no se desacredite a los profesionales.

Lo relatado en los medios de comunicación o las opiniones banales divulgadas sin rigor, dañan a los menores y a las familias que, por un motivo u otro, han tenido que recurrir al sistema de protección. Desvirtúan el principal objetivo profesional, el procurar el mayor beneficio de nuestros menores y genera una alarma social infundada que provoca desconfianza.

Interfiere gravemente en sucesivos casos donde se requiere proteger porque en el recuerdo de nuestras familias queda gravada la duda y el miedo de que sus hijos no sean protegidos correctamente.

Los que trabajamos con personas y para las personas tenemos una ineludible responsabilidad añadida y es actuar con honestidad, moralidad y ética, que aunque se presupone, no es tarea fácil.

Madrid, marzo 2022.

Roció Puebla Prada

Trabajadora social nº colegiado 4401

Miembro de la asociación ATSEL

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