En los últimos días, estamos viendo en varios medios de comunicación el polémico caso de Juana Rivas, donde la justicia ha determinado que su hijo menor debe ir con su padre.

Desde ATSEL queremos reflexionar sobre la importancia de poner la mirada social en el ámbito de la justicia. Para ello, nuestra socia Montserrat Mas Carrillo, de M&M Treball Social, ha elaborado un artículo reflexionando sobre la importancia del informe pericial en este tipo de casos:

Cuando un informe pericial puede cambiar una vida: reflexiones desde el Trabajo Social Forense

Soy trabajadora social forense. Desde hace años combino la práctica profesional con la formación en este ámbito, convencida de que el trabajo social forense tiene un papel esencial dentro del sistema judicial. El trabajo social forense no es solo una especialidad técnica, es una forma de mirar la realidad con rigor, con método y, sobre todo, con compromiso ético.

No trabajamos desde la intuición ni desde la opinión personal. Trabajamos desde la observación, el análisis contextual, el contraste de información y la elaboración argumentada de un informe, donde cada palabra cuenta. Y cuenta mucho, porque las consecuencias de esos informes pueden ser decisivas en la vida de una persona, una familia o un menor.

En los últimos tiempos, algunos casos relacionados con situaciones familiares complejas han ocupado un espacio relevante en medios y redes sociales. Más allá de los nombres propios, lo que estos casos evidencian es la necesidad urgente de acompañar las decisiones judiciales con dictámenes sociales forenses rigurosos y contextualizados.

Este tipo de situaciones demuestran que no basta con aplicar la ley: es necesario comprender lo que hay detrás del expediente. Y ahí es donde el trabajo social forense puede aportar una mirada cualificada, una lectura profunda de los contextos familiares, de las relaciones, de los factores de riesgo y protección, y de las necesidades reales del menor.

Porque hacer trabajo social forense es, ante todo, dar voz a quienes muchas veces no la tienen. Es traducir realidades humanas a un lenguaje claro y útil para quienes deben tomar decisiones judiciales. Es equilibrar técnica y empatía, precisión y humanidad.

Por eso es fundamental reivindicar este espacio profesional: para que los dictámenes sociales no sean un trámite, si no una herramienta para hacer justicia con sensibilidad, rigor y profundidad.

Casos que trascienden públicamente nos recuerdan que no siempre se escucha lo que debería ser prioritario: el interés superior del menor. No basta con aplicar la ley. Hace falta comprender, contextualizar y acompañar.

El dictamen social forense no es un trámite: es una herramienta que puede transformar una decisión y, con ella, una vida.

Porque cuando no se escucha bien, se puede decidir mal. Y quienes más lo sufren no siempre tienen voz para decirlo.

Montse Mas
Treballadora Social Forense Miembro del equipo de TS en emergencias del TSCAT Miembro del GEIES del Consejo General de TS. Supervisora de equipos de Servicios Sociales.

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Por Ana Hernández Escobar.
Directora de Firma Quattro. Trabajo Social

Si hablamos, como es el caso, de una legislación que trata de los derechos
de las personas con discapacidad, desde el Trabajo Social le dispensamos
una atención especial y preferente.

El espíritu de esta ley, de gran calado social, viene a modificar los
esquemas sobre los que se sustancia la reforma, pasando de los apoyos
que venían a sustituir las decisiones de las personas con discapacidad, a
acompañarlas en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Una vez entrada en vigor la ley, han existido múltiples foros y documentos
escritos, donde se ha interpretado el articulado de forma diferente en
relación a los Dictámenes Periciales e Informes Sociales, por lo que a la
lectura de estos, puede deducirse que podemos estar ante una cuestión
conceptual y, por tanto, competencial.

¿Qué diferencias existen entre un Informe Social y un Dictamen Pericial
Social?

Ambos son instrumentos propios del Trabajo Social, que utilizamos en
función de un objetivo o un objeto predeterminado, siendo este aspecto
el que marca la diferencia y que, por su relevancia, deben tenerse en
consideración. Véanse los siguientes cuadros:

Si son evidentes las diferencias existentes entre un instrumento
documental y otro procesal, entonces ¿qué interpretación da la Ley de
Jurisdicción voluntaria al respecto?

Vistos estos contenidos en los que se aprecian las diferencias y con el
ánimo exclusivo de llegar a las conceptualizaciones que las propias leyes
nos aportan, hacemos la siguiente exposición, tomando como base la ley
de Apoyos, (8/2021) y de Enjuiciamiento Civil, (7/2000).

• La ley 8/2021, de 2 de junio, (Jurisdicción Voluntaria), recoge
  expresamente en la modificación del Art.759, punto 3 de la ley
  7/2000, relativas a las pruebas preceptivas que, “no podrá decidirse
  sobre las medidas que deben adoptarse sin previo Dictamen
  Pericial…”. Continúa este mismo punto, indicando que, .. “y podrá
  contarse también con otros profesionales especializados que
  aconsejen medidas…”.

• Se repite este requerimiento de Dictámenes Periciales, en el Art.
  42 bis, b y c, de la ley de Jurisdicción Voluntaria, tanto para la
  decisión de medidas, (punto 1 del apart.b), como para la revisión de
  estas, (punto 3 del apart.c).

• En el Art. 64 de la Jurisdicción Voluntaria, relativo a la Tramitación,
  el punto 2 recoge que cuando proceda el Dictamen Pericial, “se
  citará al perito o peritos que lo hubiesen emitido…”.
  Siempre han existido interpretaciones sobre lo que escriben los
  legisladores, pero lejos de hacer estos juicios, nos limitamos a exponer las
  precitadas premisas para que nos sirva de reflexión sobre la competencia
  para llevar a cabo distintos actos profesionales.

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