Lo relatado en los medios de comunicación o las opiniones banales divulgadas sin rigor dañan a los menores y a las familias que, por un motivo u otro, han tenido que recurrir al sistema de protección. Desvirtúan el principal objetivo profesional, el procurar el mayor beneficio de nuestros menores y genera una alarma social infundada que provoca desconfianza.

Rocío puebla

Hace semanas nos inundaba la prensa con críticas sobre la inadecuada actuación de la administración pública hacia los menores protegidos.

El hecho detonante fue la detención y acusación de varias personas inculpadas por delito de trata de personas y abuso sexual hacia menores, siendo varias de estas víctimas adolescentes protegidas por la Comunidad de Madrid.

Al asumir la administración la tutela de un menor, esta ejerce la tutoría y adquiere los derechos y deberes al respecto, como anteriormente lo ostentaban los padres.

Las víctimas eran menores que se encontraban fugadas de hogares o residencias de protección, publicando los medios que sus responsables no velaron por su protección, que las residencias no ejercen los cuidados suficientes que se les asigna, que los profesionales actúan sin rigor y que la política de protección no funciona.

Hasta aquí el relato de la realidad, un hecho delictivo cuyos autores serán juzgados, unas niñas que han pasado una situación de desamparo antes de que la administración asumiera su tutela, una vida de abuso mientras se las protege (e incluso con anterioridad en algunas), y una sociedad que se hace eco de que algo falla en nuestro sistema de protección de menores.

Desde este espacio y como venimos haciendo los profesionales que nos encontramos con semejantes situaciones, denunciamos y rechazamos todo tipo de violencia, desprotección y abuso a cualquier persona, y con mayor motivo a colectivos vulnerables como son los niños y niñas.

Si alguien incurre en una inadecuada atención de sus obligaciones, sean padres o administración, debe actuar la justicia como corresponde.

Estas niñas llegaron al sistema de protección porque sus tutores legales, adultos responsables y progenitores que debían darles todo el amor, cariño y protección del mundo, como dicta el corazón, la responsabilidad y la obligación, no lo hicieron. Y hay demasiado daño y herida en cada menor al que se desampara, al que se hace daño, al que se ignora, y las secuelas que perduran en cada uno de ellos son únicas y se requiere mucho trabajo para sanar.

Como trabajadora social, con experiencia en intervención en protección de menores desde hace más de 20 años, deseo difundir un escueto análisis sobre la protección y atención a los menores en la Comunidad de Madrid.

Cada año aumenta no ya el número de menores en desamparo, sino el tipo de desprotección, que agrava y dificulta el proceso de recuperación y retorno a sus familias. Hablamos de violencia ascendente, violencia de género, abusos sexuales, acoso, patología mental, conductas inadecuadas, adicciones a tóxicos, adiciones tecnológicas, … añadidas a las que tradicionalmente ya atendíamos, como maltrato, negligencias en el cuidado o desatención de cuidados básicos tanto físico como emocionales, todas ellas como bien indica nuestro código civil, las que se producen por “incumplimiento, imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, privándoles de la necesaria asistencial moral o material”.

Los profesionales, desde los servicios de atención primaria hasta los más especializados, no alcanzan a realizar la desmesurada tarea asignada, entrevistas, visitas a domicilio, realización de informes, coordinaciones, reuniones, valoraciones, … y la imperiosa tarea administrativa y burocrática. Añadiendo a esto la pandemia que nos ha asolado, donde todo el sistema se ha visto deteriorado, no solo el social, también el sanitario, educativo, laboral, judicial, sistemas que van de la mano con la protección… y el empeoramiento de las situaciones familiares que adolecían de relaciones precarias y débiles, que se han visto agravadas por el aislamiento.

La escasa especialización de trabajadores sociales en el ámbito de la desprotección y el continuo cambio y movilidad, acarrea largos periodos de aprendizaje y una atención deficitaria al usuario.

Las relaciones profesionales telemáticas que ha impuesto la pandemia, atender a distancia, pierden efectividad y se obvia la valiosa información que los trabajadores sociales obtenemos de la entrevista, de la observación directa e interacción con las personas.

Pero, dicho todo esto, quiero dejar algo muy claro: los trabajadores sociales (me refiero en exclusivamente a ellos, pues hablo como miembro de ATSEL) que intervenimos en la protección de menores, somos especialistas altamente cualificados, nos preocupamos de “nuestros” niños y niñas procurando su mejor atención y realizamos nuestra tarea escrupulosamente y con desmesurada dedicación.

Somos muy conscientes de lo que han podido padecer nuestros menores hasta que se toma una medida de protección. Vemos diariamente a menores dañados, con carencias que les resta infancia, con dramas a veces inimaginables para los que no presencian esta realidad. Y esta desolación no solo se ve en los niños, también en sus familias.

Como profesional en contacto directo en la intervención, me es muy importante y prioritario atender adecuadamente al menor protegido, pero lo es, en la misma medida, atender adecuadamente a sus padres.

Las familias deben estar protegidas y debemos trabajar por ello. Si la prensa y la sociedad se moviliza por mejorar la protección, debe hacerlo procurando mayores beneficios para ellos, no defenestrando a los agentes que también deseamos combatir el desamparo y la desprotección, no atacando a la empresa privada por ser gestora de proyectos, no intentando desmerecer el trabajo bien hecho y las políticas orientadas a ello, como por desgracia hemos podido leer y escuchar en los medios.

 Han sido varios los colectivos que han realizado comunicados y manifiestos denunciando la atención deficitaria de la administración hacia los menores y familias en el sistema de protección, y se ha aprovechado para hacer denuncia y crítica hacia el protocolo, recursos y sistema administrativo e incluso han señalado a los trabajadores sociales como los responsables de realizar “meros” informes que tienen como consecuencia la retirada de menores a sus familias.

Es tarea de la sociedad denunciar y defender los derechos y procurar la mejora del sistema de protección, pero debe realizarse con conocimiento y causa, de nada sirve una explosión de ira o un anuncio sensacionalista que circule alarmista y se entierre con la siguiente noticia de actualidad.

En contra de lo que los medios de comunicación y muchas familias han dicho y dado a entender de que “con un informe de un trabajador social que lo diga, te quitan a tu hijo”, no es cierto, ni debemos dejar que esas ideas de arbitrio transfieran a la sociedad. Nos corresponde difundir y empoderar la tarea profesional del trabajador social.

Recordaros a todos que los trabajadores sociales somos los únicos profesionales que realizamos informes sociales, que es una herramienta propia de nuestra profesión y que nuestras valoraciones no son opiniones, que hay un trabajo científico previo que avala nuestros dictámenes y sí, a veces no son del agrado de todos, pero no por ello los eludimos, somos responsables y profesionales y actuamos en consecuencia, porque no olvidamos nuestros valores y principios rectores.

Cuando un trabajador social valora una medida de protección no lo hace en solitario y cuando la administración declara un desamparo no lo hace sin argumentación y aval y sí con riguroso proceder legal.

Cuando se detecta o sospecha una situación de riesgo en un menor, se inician los mecanismos para la obtención de información que aporte luz al caso. El trabajador social recaba informes y testimonios de los distintos servicios y del entorno del menor. Y realiza su discurso de valoración, realizando un diagnóstico, que dista desde el descarte de la sospecha, hasta la valoración de un riesgo leve, moderado o grave o la determinación de un desamparo acorde a la legislación reguladora del procedimiento de constitución y ejercicio de la tutela dispuesto en el art. 172 del código civil, el decreto 71/1992 y demás normativa concordante.

Todo lo anterior se articula jerárquicamente en las distintas instituciones de cada Comunidad autónoma y a distintos niveles de atención social, pudiendo ser el primer escalón la información aportada por la familia, el colegio, sanitarios o cualquier ciudadano, en aras de su obligación (y aquí reitero la obligación de todos en denunciar la sospecha o conocimiento de una situación de desamparo o riesgo en un menor como dicta la ley), pudiendo ascender progresivamente a los servicios sociales de zona, área de protección de la consejería, Fiscalía del Menor y, en caso de ser necesario, juzgados de familia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cuando en residencias surgen fugas, no olvidemos que los adolescentes y jóvenes que viven con sus padres también se fugan y nadie persigue a los progenitores como presuntos autores de un delito.

Porque la sociedad es consciente del proceso evolutivo de los adolescentes, del desajuste emocional por el que atraviesan, porque la búsqueda y la lucha por encontrarse a uno mismo pasa por situaciones confusas y en ocasiones extremas en muchas personas, pero la clave es estar acompañado.

El aprendizaje de la vida es tener referencias, experiencias, avanzar en el descubrimiento de uno mismo y de los que te rodean. Si el marco en el que exploramos es sano, favorecedor, educativo y estimulante, este aprendizaje nos lleva a mejorar y al crecimiento personal.

Los adolescentes que han sido abandonados o desatendidos o no han gozado de un entorno favorable, sano y de estimulación para su crecimiento, muestran dificultades para forjar su persona, están en una búsqueda constante de estímulos externos nocivos y tóxicos, que les aleja cada vez más de la realidad. Crece su vulnerabilidad.

Si en estas circunstancias te acechan depredadores, delincuentes sin escrúpulos, abusadores, es evidente que son “presas” más accesibles.

Estos menores son víctimas y hay que defenderles. El delito para los responsables, tutores de los menores, tanto cuando se les protege en residencias como en domicilios particulares, se estima, cuando esa fuga no se denuncia, cuando esa fuga no preocupa, o cuando no se pone a disposición los recursos y dispositivos pertinentes a su búsqueda, atención y tratamiento.

Somos muchos los que hacemos que los menores tengan una seguridad y garantía para ejercitar sus derechos y así seguiremos haciendo y divulgando, y es responsabilidad de toda la sociedad que no se desacredite a los profesionales.

Lo relatado en los medios de comunicación o las opiniones banales divulgadas sin rigor, dañan a los menores y a las familias que, por un motivo u otro, han tenido que recurrir al sistema de protección. Desvirtúan el principal objetivo profesional, el procurar el mayor beneficio de nuestros menores y genera una alarma social infundada que provoca desconfianza.

Interfiere gravemente en sucesivos casos donde se requiere proteger porque en el recuerdo de nuestras familias queda gravada la duda y el miedo de que sus hijos no sean protegidos correctamente.

Los que trabajamos con personas y para las personas tenemos una ineludible responsabilidad añadida y es actuar con honestidad, moralidad y ética, que aunque se presupone, no es tarea fácil.

Madrid, marzo 2022.

Roció Puebla Prada

Trabajadora social nº colegiado 4401

Miembro de la asociación ATSEL

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